Si buscamos en google cómo solicitar unos antecedentes penales, un certificado de nacimiento, etc, suelen aparecer en los primeros resultados páginas con denominaciones del tipo registrospenales, e-registrocivilpalencia, etc, en los que es posible tramitar online esos documentos administrativos.
La obtención de esos certificados es gratuita o previo pago de una tasa pública y esas empresas se dedican, a modo de gestoría, a facilitar al usuario lógicamente a cambio de un precio tales gestiones.
El problema surge cuando algunas webs reproducen imágenes, logos o denominaciones muy similares a las oficiales, dando lugar a que el consumidor, que suele desconocer el coste o gratuidad del certificado, pueda confundir esa empresa privada con la institución pública.
Recientemente el Juzgado de Instrucción nº 1 de Valladolid ha dictado una novedosa, y muy fundada, sentencia que se puede consultar aquí, donde se condena por estafa, con una pena superior a la solicitada por el Ministerio Fiscal a una empresa por crear un entorno en su web que llevó a una usuaria al engaño de creer que trataba con el propio registro civil oficial.
(Fuente: CENDOJ)
