La nueva Ley 5/2018 añade nuevas especialidades al ya existente Juicio para la tutela sumaria de la tenencia o de la posesión de una cosa o derecho, es decir, el antiguamente llamado interdicto de retener o recobrar. Ya existía otro “interdicto” para proteger a los arrendadores, el relativo a la efectividad de derechos inscritos, pero quedaba limitado para los supuestos en que el arrendador hubiera inscrito en el registro de la propiedad el alquiler, lo cual no es usual por ser un coste añadido.
Destaca en su regulación los siguientes puntos:
1. Se refiere sólo a viviendas o parte de ellas (habitaciones) por lo que quedan fuera los locales.
2. Sólo pueden interponer la demanda las personas físicas y otras personas jurídicas sin ánimo de lucro si bien pueden ser demandados los desconocidos ocupantes, sin necesidad de tener que indicar la identidad de los ocupantes.
3. Se requerirá a los ocupantes para que aporten en 5 días el título o contrato que justifique el uso de la vivienda o habitación. Se reduce por tanto el plazo de 10 días que existe para que los ocupantes contesten en el juicio verbal.
5. Si el Juzgado no estima suficiente la documentación aportada por los ocupantes ordenará mediante auto la inmediata entrega de la posesión de la vivienda al demandante. Contra este auto, no cabrá recurso alguno y se llevará a efecto contra cualquiera de los ocupantes que se encontraren en ese momento en la vivienda.
6. La ejecución tendrá lugar, previa solicitud del demandante, sin necesidad de que transcurra el plazo de veinte días previsto para el resto de procedimientos.
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